Ante las informaciones publicadas en varios medios de comunicación en relación con la detención de un vigilante de seguridad que prestaba servicios en la sede del Comité Olímpico Español (COE) a través de una empresa externa, deseamos manifestar, en primer lugar, nuestro más absoluto rechazo ante conductas que atenten contra la integridad y la libertad de las personas, y nuestro firme compromiso con la garantía de los derechos de los trabajadores de nuestras instalaciones.

Los hechos fueron descubiertos hace algunos meses tras una revisión de las imágenes del circuito interno de videovigilancia de la sede del COE que, de forma inmediata, procedió a ponerlas en conocimiento de la Policía a través de la correspondiente denuncia. Previamente, se informó a las trabajadoras afectadas, poniendo a su disposición todos los recursos humanos y materiales de la entidad para proteger sus derechos.

De forma paralela, los hechos y la denuncia se notificaron a la empresa externa, a la que se trasladaron las medidas disciplinarias y de seguridad adoptadas por el COE, que impedían de forma absoluta el acceso del presunto responsable a sus instalaciones.

Una vez puestas en marcha estas medidas, desde el COE confiamos en que la investigación policial y judicial esclarecerá lo sucedido. Las autoridades cuentan desde el mismo momento en que los hechos fueron descubiertos con la total colaboración del COE.

El COE es la casa del Movimiento Olímpico en nuestro país, pero también es un entorno laboral seguro en el que se protegen y garantizan los derechos y libertades de todas las personas que trabajan cada día para apoyar al deporte español y para promover los valores de la Carta Olímpica. Ese compromiso también es irrenunciable y esencial en el funcionamiento diario de esta entidad, como se ha puesto de manifiesto ante el descubrimiento de estos hechos.